Envejecer en soledad, cuando la pobreza también se sienta en el banco de la plaza

 

En los barrios la soledad de las personas mayores no puede
entenderse solamente como una falta de compañía. También está atravesada por los ingresos insuficientes, la vivienda, las dificultades de movilidad, el acceso a los servicios y la pérdida de redes sociales.

Hay una soledad que no hace ruido.

No aparece en los titulares, no genera grandes movilizaciones y muchas veces tampoco

llega a las oficinas públicas. Vive detrás de una puerta cerrada, en una vivienda donde una persona mayor pasa buena parte del día sola. Está en quien cuenta las monedas antes de entrar al almacén, en quien posterga una consulta médica porque el traslado cuesta demasiado o en quien dejó de participar de actividades porque ya no puede

afrontar determinados gastos.

En los barrios , la soledad de las personas mayores debe ser mirada también desde otro lugar, el de las desigualdades sociales y económicas.

Porque no todas las personas envejecen de la misma manera.

Hay quienes llegan a la vejez con una vivienda confortable, redes familiares, amigos, actividades y recursos suficientes. Pero también están quienes llegan después de toda una vida de trabajo con ingresos que apenas alcanzan, viviendas deterioradas, dificultades para trasladarse y una red afectiva cada vez más pequeña.

Y allí la soledad deja de ser solamente emocional.

Se convierte también en una cuestión social.

Cuando el dinero no alcanza

Hablar de personas mayores y de soledad sin hablar de precariedad económica es mirar solamente una parte del problema.

Una jubilación o una pensión que apenas alcanza para cubrir alimentación, medicamentos, alquiler, servicios y transporte deja poco margen para la vida social.

Salir también cuesta dinero.

Participar de una actividad puede implicar un traslado. Encontrarse con otros puede significar tomar un ómnibus. Incluso mantener determinados vínculos puede volverse difícil cuando cada gasto debe ser cuidadosamente calculado.

Así, la pobreza puede producir aislamiento.

Y el aislamiento puede profundizar otras situaciones de vulnerabilidad.

Hay personas mayores que comienzan a salir menos porque no pueden afrontar determinados gastos. Otras dejan de concurrir a actividades porque tienen dificultades para trasladarse. Algunas viven en viviendas que requieren reparaciones que nunca llegan porque el dinero no alcanza. Poco a poco, la vida social se reduce. 

Y cuando la vida social se reduce, también pueden reducirse las oportunidades de ser escuchado, acompañado y tenido en cuenta.

El barrio como red de protección

Frente a estas situaciones, el barrio puede convertirse en una verdadera red de protección.

Pero para eso necesita lugares donde encontrarse.

Los centros culturales, clubes deportivos, centros comunitarios, bibliotecas, organizaciones sociales y organizaciones vecinales cumplen una función que muchas veces va mucho más allá de la actividad que anuncian en un cartel.

Un taller de memoria puede ser una excusa para conversar.

Una clase de gimnasia puede convertirse en un espacio de amistad.

Una actividad cultural puede devolverle a una persona el sentimiento de pertenecer a una comunidad.

Una reunión vecinal puede permitir detectar que alguien hace semanas que no aparece.

Un club puede convertirse, para una persona que vive sola, en una segunda casa.

Eso también es política social.

Aunque muchas veces no aparezca en las estadísticas.

Municipio G, un territorio con realidades diferentes

Hablar del territorio del Municipio G como si fuera una realidad homogénea sería un error.

Es un territorio extenso, con barrios y realidades socioeconómicas muy diferentes.

Conviven zonas con una fuerte identidad comunitaria con otras donde existen situaciones de precariedad habitacional, dificultades de acceso a servicios y vulnerabilidades que se acumulan.

En ese escenario, la vejez tampoco es igual para todos.

No es lo mismo envejecer con una red familiar cercana que hacerlo prácticamente en soledad.

No es lo mismo vivir en una vivienda adecuada que hacerlo en condiciones precarias.

No es lo mismo tener recursos para trasladarse que depender exclusivamente de un transporte que puede resultar difícil de utilizar.

No es lo mismo contar con un club, una plaza o un centro comunitario cerca que vivir alejado de esos espacios.

Por eso las políticas destinadas a las personas mayores necesitan mirar el territorio.

La edad importa, pero también importa dónde y cómo se vive.

Los clubes y centros culturales hacen mucho más de lo que parece

En muchos barrios, las instituciones comunitarias terminan ocupando espacios que el Estado, por diferentes razones, no siempre consigue cubrir.     No deberían reemplazar las responsabilidades públicas. Pero tampoco podemos desconocer su importancia.

El club que abre sus puertas para una actividad gratuita, la organización vecinal que arma una merienda, el centro cultural que genera un taller, los vecinos que organizan una salida o quienes simplemente mantienen vivo un espacio de encuentro están construyendo algo fundamental, redes de pertenencia.

Y esas redes pueden ser decisivas para una persona mayor.

Porque hay algo que no aparece en ninguna planilla, sentirse esperado.

Saber que alguien va a preguntar por uno si no aparece.

Tener un lugar donde alguien conoce nuestro nombre.

Tener una actividad que nos obliga a salir de casa.

Tener un motivo para levantarse, arreglarse y encontrarse con otros.

Pero la solidaridad no puede sustituir al Estado

Aquí también hay que ser claros.

No podemos construir un discurso romántico sobre la solidaridad barrial y utilizarlo para ocultar las responsabilidades institucionales.

Los vecinos ayudan, los clubes colaboran y las organizaciones comunitarias sostienen muchísimo, pero no pueden resolver por sí solas la pobreza, la soledad, la precariedad habitacional, las dificultades de acceso a la salud o la falta de recursos para una vejez digna.

La solidaridad es necesaria.

Pero los derechos no pueden depender exclusivamente de la solidaridad.

Se necesitan políticas públicas sostenidas, recursos, equipos territoriales y una articulación real entre las distintas instituciones que trabajan en los barrios.

Y, sobre todo, se necesita escuchar a las propias personas mayores.

No decidir permanentemente por ellas.

Preguntarles qué necesitan.

No convertir a los mayores en invisibles

Existe otra forma de violencia silenciosa, convertir a una persona en invisible simplemente porque envejeció.

Dejar de preguntarle qué piensa.

Dejar de convocarla.

Hablar de ella solamente desde sus necesidades.

Suponer que ya no tiene nada para aportar.

Una persona mayor no es solamente alguien que necesita cuidados.

Es también memoria viva del barrio.

Conoce sus transformaciones, sus calles, sus personajes, sus historias y sus luchas.

Tiene conocimientos que no están en los libros.

Tiene una experiencia que ninguna aplicación puede reemplazar.

Cuando una comunidad pierde el vínculo con sus mayores, también pierde parte de su propia memoria.

La pregunta incómoda

Quizás la pregunta que deberíamos hacernos no sea solamente cuántas personas mayores viven solas.

La pregunta debería ser.

¿Cuántas personas mayores viven sin una red que las sostenga?

Porque alguien puede vivir solo y estar acompañado.

Y alguien puede vivir rodeado de personas y sentirse absolutamente solo.

Por eso necesitamos barrios donde la participación comunitaria no sea un privilegio de quienes tienen recursos, donde las actividades sean accesibles y donde los espacios

públicos sean verdaderamente lugares de encuentro.

Necesitamos plazas vivas, clubes abiertos, centros culturales activos y organizaciones vecinales fortalecidas.

Pero también necesitamos políticas públicas capaces de llegar allí donde la red comunitaria no alcanza.

Que la vejez no sea una condena al aislamiento

Una sociedad se mide también por la manera en que trata a quienes envejecen.

Y quizás haya otra pregunta que debamos hacernos cada vez que vemos a una persona mayor sentada sola en una plaza, esperando un ómnibus o mirando pasar la tarde.

¿Está sola porque eligió estarlo o porque la sociedad fue cerrando, una por una, todas las puertas que la conectaban con los demás?

En el territorio del Municipio G, donde tantas veces hablamos de comunidad, participación y territorio, la respuesta a esa pregunta debería interpelarnos.

Porque construir comunidad no es solamente organizar eventos.

Es generar vínculos.

Es detectar ausencias.

Es acompañar.

Es garantizar derechos.

Es hacer que nadie tenga que elegir entre comprar alimentos, medicamentos o pagar el

transporte para encontrarse con otros.

Y es entender, de una vez por todas, que la soledad de las personas mayores no es un problema privado que ocurre detrás de una puerta. También es un problema del barrio, de las instituciones y de las políticas públicas.

Porque cuando una persona mayor queda aislada, no solamente pierde ella. También pierde la comunidad.

 

¿Por qué me felicitan?

Estuve en una reunión de las que suelo participar. Una de tantas, de esas en las que se habla, se discute, se proponen ideas y, sobre todo, se trabaja.

En un momento, una persona se acercó y me felicitó por mi voluntad. Me dijo que, "pese a mis dificultades", siempre estaba presente y trabajando.

Le agradecí, por supuesto, las palabras y el reconocimiento.

Pero después me quedé pensando.

¿Me felicita porque soy una persona que se traslada en silla de ruedas y eso resulta más importante que el trabajo que hago?

¿No sería importante mi trabajo si no estuviera en silla de ruedas?

La pregunta puede parecer incómoda. Y justamente por eso vale la pena hacerla.

Porque detrás de un elogio que parece amable puede esconderse, sin mala intención, una idea que tenemos demasiado incorporada: que cuando una persona con discapacidad hace algo que cualquier otra persona hace habitualmente, ese hecho merece una felicitación especial.

Como si estar presente fuera extraordinario.

Como si trabajar fuera extraordinario.

Como si participar fuera extraordinario.

Como si tener proyectos, responsabilidades y compromisos fuera una hazaña.

Ahí aparece una de las formas más silenciosas del capacitismo: no necesariamente se manifiesta como rechazo o discriminación abierta. A veces aparece disfrazado de admiración.

“¡Qué ejemplo!”

“¡Qué voluntad!”

“¡Qué increíble que puedas hacer todo esto!”

Son frases que pueden nacer de la buena intención, pero que también pueden revelar algo más profundo: la expectativa previa de que una persona con discapacidad probablemente no podría hacerlo.

Y entonces surge una pregunta todavía más importante:

¿Por qué esperamos menos de una persona simplemente porque tiene una discapacidad?

Una persona que se traslada en silla de ruedas no deja de ser una persona.

Tiene capacidades, limitaciones, conocimientos, defectos, virtudes, responsabilidades, deseos, frustraciones y proyectos.

Hay días en los que necesitará ayuda.

Hay otros en los que no.

Habrá momentos en los que se sentirá fuerte y otros en los que necesitará que alguien le recuerde que todavía puede seguir.

Como nos pasa a todos.

La discapacidad forma parte de la vida de una persona, pero no debería convertirse en su identidad completa.

Una silla de ruedas explica una forma de trasladarse.

No explica una personalidad.

No explica una profesión.

No explica una vocación.

No explica una trayectoria.

No explica un compromiso.

No explica los sueños de nadie.

Y tampoco debería determinar las expectativas que tenemos sobre esa persona.

Por eso hay algo que deberíamos empezar a revisar.

Cuando una persona con discapacidad estudia, trabaja, participa en una organización, hace política barrial, practica un deporte, crea, escribe, se enamora, forma una familia o simplemente cumple con sus responsabilidades, no debería convertirse automáticamente en una historia de superación.

No todo es superación. Muchas veces es simplemente vida.

Y si alguna vez vemos a una persona con discapacidad haciendo algo que pensábamos que no podía hacer, quizás no sea necesario felicitarla por haberlo conseguido.

Quizás sería más interesante preguntarnos:

¿Por qué pensé que no podía?

Esa pregunta puede ser mucho más transformadora que cualquier aplauso.

Porque el verdadero problema no siempre está en la discapacidad.

Muchas veces está en las barreras que construimos alrededor de ella.

Una escalera puede impedir el acceso a un lugar.

Un transporte inaccesible puede impedir llegar a un trabajo.

Una mirada prejuiciosa puede cerrar una oportunidad laboral.

Pero también puede existir una barrera invisible, aquella que hace que alguien sea visto primero como “una persona con discapacidad” y recién después como trabajador, estudiante, dirigente, vecino, artista, deportista, padre, madre, amigo o compañero.

El desafío está en cambiar esa mirada.

No se trata de esconder la discapacidad para que otros se sientan cómodos.

Tampoco de convertirla en una bandera permanente.

Se trata de reconocerla como una parte de la vida, sin permitir que esa parte ocupe todo el lugar.

Las personas con discapacidad no necesitan ser héroes.

Tampoco necesitan ser víctimas.

Y mucho menos necesitan demostrar permanentemente que pueden.

Necesitan que dejemos de asumir que no pueden.

Quizás algún día una persona con discapacidad pueda participar de una reunión, hacer su trabajo, aportar sus ideas y marcharse sin que nadie considere necesario felicitarla por haber estado allí.

Ese día no habremos dejado de reconocer a la persona.

Al contrario.

Habremos empezado a reconocerla por lo que hace y por quién es, y no por aquello que suponemos que debería impedirle hacerlo.

Y entonces, tal vez, la pregunta inicial ya no tenga sentido.

No, no deberían felicitar a una persona por estar presente a pesar de su discapacidad.

Deberían valorar su presencia, su trabajo y su compromiso, exactamente como valorarían los de cualquier otra persona.

Porque la discapacidad es una parte de la historia.

Pero nunca debería ser toda la historia.

Adios a Rubén Rada

La música que somos

Hay músicas que se escuchan.

Y hay músicas que nos explican.

Montevideo tiene una.

Nació en el tambor, caminó por el rock, se vistió de funky,

se dejó llevar por el jazz, y volvió siempre a la calle, al barrio, al candombe.

Botija de mi país, ¿Quién va a cantar ahora esa mezcla tan nuestra de reír cuando duele, de bailar cuando extrañamos, de hacer fiesta con la nostalgia a cuestas?

¿Quién va a decir que las manzanas son más frescas por la mañana, que hay que chistarle al guarda, bizcochar y todavía tener tiempo para mirar todo lo bueno que hay aquí?

¿Quién va a cantarle un candombe para Gardel con la misma naturalidad con que un tamboril llama a la madrugada?

Porque hubo alguien que entendió que el Uruguay no es solamente alegría ni solamente melancolía.

Somos las dos cosas.

Somos el abrazo y la despedida.

La risa y el recuerdo.

La esquina llena y la soledad de la tarde.

Por eso sus canciones no fueron solamente canciones.

Fueron identidad.

Fueron Montevideo, mirándose en un espejo y reconociéndose.

Fueron el barrio subiendo al escenario sin dejar de ser barrio.

Y ahora queda el legado, una música que no pide permiso, que mezcla mundos, que cruza fronteras, que hace bailar al cuerpo y al mismo tiempo aprieta un poco el corazón.

Quizás por eso, cuando suena un tambor y Montevideo se queda escuchando, entendemos algo sencillo, si existe una música capaz de representar al Uruguay,  esa música también lleve el nombre de su gente, de sus calles, de sus tambores, de sus alegrías y de sus nostalgias.

Y entonces sabemos que algunas personas se van, pero lo que dejaron se queda para siempre.

 Queda en la música.

Queda en el barrio.

Queda en nosotros.

 Y queda Montevideo, con su corazón de tambor, cantando bajito

para no olvidar.

 

APOROFOBIA

Por : Willian Araujo

Hay debates que, más que revelar diferencias políticas, dejan al descubierto prejuicios profundamente arraigados. La reacción que generó el anuncio del Gobierno de destinar alrededor de 10.000 pesos por niño para fortalecer las políticas de primera infancia es uno de ellos.

No pasaron ni unas horas para que comenzaran las sospechas. "¿En qué van a gastar esa plata?", "¿Quién controla a esas familias?", "¿Y si la usan para otra cosa?". La pregunta parece razonable, hasta que se observa que solo aparece cuando el destinatario del dinero es pobre.

Porque cuando el Estado concede millones en exoneraciones fiscales, beneficios tributarios o regímenes promocionales para grandes empresas o sectores de altos ingresos, el interrogatorio desaparece. Nadie exige saber si esos recursos terminan financiando un viaje por Europa, un automóvil de lujo o la compra de otra propiedad. Nadie cuestiona si ese dinero se traduce realmente en empleo o desarrollo. En esos casos se habla de inversión, confianza e incentivos.

La diferencia nunca fue el dinero. La diferencia siempre fue el destinatario.

Existe una doble vara que resulta imposible ignorar. Al empresario se le presume responsabilidad; al pobre se le presume irresponsabilidad. Al primero se le entrega un beneficio esperando que genere riqueza; al segundo se le entrega una ayuda bajo la sospecha permanente de que la desperdiciará.

Eso tiene un nombre, aporofobia, el rechazo hacia quienes viven en la pobreza.

Y es una forma de discriminación tan silenciosa como peligrosa, porque transforma la pobreza en una falta moral. Se deja de discutir cómo garantizar derechos y se empieza a juzgar cómo viven quienes menos tienen. Como si haber nacido en un hogar vulnerable implicara perder el derecho a decidir sobre la propia vida.

Un niño no elige nacer pobre. Tampoco elige el barrio donde crece, la escuela a la que asiste o las oportunidades que tendrá. Sin embargo, hay quienes parecen convencidos de que cualquier política destinada a mejorar su realidad debe pasar primero por el filtro de la sospecha.

Lo más preocupante es que algunos parecen creer que las familias pobres solo tienen derecho a sobrevivir, nunca a disfrutar. Si destinan parte de sus ingresos a festejar el cumpleaños de un hijo, comprar una hamburguesa, compartir un refresco o darse un pequeño gusto, inmediatamente aparecen quienes los condenan por "malgastar" el dinero. Como si la alegría, el descanso o un momento de felicidad fueran privilegios reservados únicamente para quienes tienen una cuenta bancaria abultada.

Esa mirada deshumaniza. Reduce a las personas pobres a simples administradores de necesidades, negándoles aquello que nadie cuestiona en los demás: el derecho a vivir con dignidad.

Combatir la pobreza requiere recursos públicos, sí. Pero también exige derrotar los prejuicios que convierten cada política social en un juicio moral contra quienes la reciben.

La discusión de fondo no es si el Estado debe invertir en la infancia. La verdadera discusión es por qué algunos confían ciegamente cuando el dinero público beneficia a los poderosos, pero desconfían automáticamente cuando llega a quienes más lo necesitan.

Mientras esa respuesta siga dependiendo de la condición económica del beneficiario, no estaremos frente a un debate sobre eficiencia del gasto público. Estaremos frente a un problema mucho más profundo, una sociedad que sigue creyendo que la riqueza merece confianza y que la pobreza merece sospecha.

Y eso, además de injusto, es profundamente incompatible con una democracia que aspire a la igualdad de derechos y de oportunidades.

Cuando una pregunta incomoda

Por: Willian Araujo.

En una conferencia de prensa realizada días atrás, la Coalición Republicana anunció que no acompañaría la Rendición de Cuentas presentada por el gobierno. Hasta allí, un hecho propio de la dinámica democrática, el oficialismo propone, la oposición analiza y decide si acompaña o no.

Sin embargo, lo que ocurrió después merece una reflexión mucho más profunda.

Un periodista, con respeto y ejerciendo la función que la sociedad le encomienda, formuló una pregunta sencilla, si al no votar la Rendición de Cuentas no se le estaría dando la espalda a las necesidades de la gente.

No hubo una respuesta política. No hubo argumentos. No hubo un intercambio de ideas.

En cambio, llegaron los abucheos, las burlas y la ridiculización del periodista por parte de algunos legisladores presentes. Como si eso no alcanzara, la senadora Graciela Bianchi expresó que el medio para el que trabaja ese periodista, TV Ciudad, debería cerrarse.

Más allá de las diferencias que cualquiera pueda tener con un medio de comunicación, con su línea editorial o con una pregunta en particular, pedir el cierre de un medio nunca puede ser considerado un hecho menor. La democracia se fortalece con más voces, no con menos. Con más preguntas, no con silencios. Con más debate, no con descalificaciones.

La libertad de prensa no consiste únicamente en que los periodistas puedan publicar noticias sin censura. También implica que puedan preguntar sin ser hostigados, ridiculizados o convertidos en el centro del ataque cuando una pregunta resulta incómoda para el poder político.

La crítica a un periodista es legítima. El desacuerdo también. Lo que resulta preocupante es cuando desde ámbitos de representación política se naturaliza la idea de que un medio de comunicación debería desaparecer por el contenido de su trabajo o por las preguntas que realiza.

Uruguay ha construido, durante décadas, una sólida tradición democrática basada en el respeto institucional y en la convivencia entre quienes piensan distinto. Esa tradición no se rompe de un día para otro. Se erosiona lentamente cuando comenzamos a aceptar como normales hechos que no deberían serlo.

Muchas veces estos episodios quedan reducidos a una anécdota en el ciclo de noticias. Pero las democracias rara vez se deterioran por un único acontecimiento extraordinario. Lo hacen por la acumulación de pequeños gestos de intolerancia que terminan debilitando valores fundamentales.

Por eso es necesario que los medios de comunicación, las organizaciones vinculadas a la libertad de expresión, los actores políticos de todos los partidos y la ciudadanía se pronuncien con claridad. No para defender a un periodista en particular ni a un medio específico, sino para defender un principio que pertenece a toda la sociedad.

Porque hoy puede ser una pregunta incómoda. Mañana puede ser una investigación periodística. Después, una opinión. Y cuando el miedo reemplaza a la libertad para preguntar, la democracia pierde una de sus herramientas más valiosas para controlar al poder.

La libertad de prensa no se defiende solamente cuando está en peligro extremo. Se defiende todos los días, especialmente cuando las presiones parecen pequeñas o cuando algunos intentan presentarlas como una simple anécdota.

Porque una democracia saludable necesita gobiernos que gobiernen, oposiciones que controlen y periodistas que pregunten. Sin excepción.

¿Información o interpretación? El debate sobre el rol de la prensa ante las decisiones del Gobierno

En toda democracia, la prensa cumple una función fundamental, informar, controlar al poder y promover el debate público. Sin embargo, también surge una pregunta inevitable, ¿hasta qué punto algunos medios informan objetivamente y cuándo comienzan a construir relatos que terminan condicionando la percepción de la ciudadanía?

La reciente decisión del presidente Yamandú Orsi de disponer el apoyo logístico del Ministerio de Defensa a los operativos policiales en zonas afectadas por el narcotráfico volvió a poner este debate sobre la mesa.

Diversos medios de comunicación presentaron la medida como una “militarización” de la seguridad pública o como un “operativo militar” en territorio nacional. Sin embargo, según lo informado por el propio Gobierno, la responsabilidad operativa y el mando de los procedimientos continúan estando exclusivamente en manos de la Policía Nacional. La participación de las Fuerzas Armadas se limita al apoyo logístico mediante vehículos y conductores.

La diferencia no es menor. Mientras una descripción habla de colaboración logística entre organismos del Estado, la otra sugiere una intervención militar directa en tareas de seguridad interna. Son conceptos distintos que generan percepciones diferentes en la opinión pública.

El poder de las palabras

La forma en que se comunica una noticia puede influir significativamente en cómo la sociedad interpreta los hechos. Titulares, enfoques y comentarios editoriales tienen la capacidad de instalar determinados marcos de interpretación antes incluso de que el ciudadano conozca los detalles de una medida.

Cuando una noticia enfatiza aspectos que no reflejan con precisión el alcance de una decisión gubernamental, surge el riesgo de que la información se transforme en una herramienta de confrontación política más que en un servicio para la ciudadanía.

¿Control o cuestionamiento permanente?

La crítica a las decisiones del poder es una obligación del periodismo. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad entienden que existe una tendencia a cuestionar sistemáticamente determinadas acciones gubernamentales, incluso antes de evaluar sus resultados o comprender plenamente su alcance.

Para estos sectores, la cobertura de la medida de apoyo logístico en materia de seguridad constituye un ejemplo de cómo ciertos medios pueden priorizar la polémica por encima de la explicación detallada de los hechos.

La responsabilidad de informar

La discusión no debería centrarse en si la prensa debe criticar o no al Gobierno. La crítica es saludable y necesaria. El verdadero debate pasa por la responsabilidad de presentar los hechos con precisión, diferenciando claramente entre información, análisis y opinión.

En tiempos donde la desinformación y las noticias falsas representan una amenaza para la convivencia democrática, la rigurosidad periodística adquiere un valor aún mayor. La ciudadanía necesita herramientas para comprender la realidad, no interpretaciones que puedan confundirla.

Un desafío para todos

La relación entre prensa y poder siempre será tensa, y eso forma parte de una democracia saludable. Pero esa tensión debe construirse sobre la base de la verdad, la precisión y la honestidad intelectual.

Cuando los medios informan con equilibrio fortalecen la democracia. Cuando las interpretaciones sustituyen a los hechos, el riesgo es que el debate público se aleje de la realidad y se acerque a la confrontación permanente.

La ciudadanía merece conocer los hechos tal como son para luego formar su propia opinión.

 

¿Protesta por el gasoil o resistencia al control?

La reciente movilización de los transportistas de carga volvió a poner sobre la mesa una discusión que trasciende largamente el precio del gasoil. Si bien el combustible representa uno de los principales costos de la actividad y cualquier aumento impacta directamente en la rentabilidad del sector, resulta difícil no advertir ciertas contradicciones en los argumentos esgrimidos por los manifestantes.

La primera pregunta surge casi naturalmente. ¿Por qué hoy existe una movilización de estas características cuando el precio del gasoil llegó a ser más alto en 2023 y no se registraron protestas de similar magnitud? La diferencia parece estar en otro punto: la implementación de mayores controles sobre la actividad, particularmente a través de la guía electrónica de carga.

Desde el sector se argumenta que estas medidas generan dificultades operativas, aumentan la burocracia y complican el trabajo cotidiano. Sin embargo, para muchos ciudadanos la discusión parece ir por otro camino. Los controles existen para garantizar transparencia, combatir la informalidad y permitir una mejor trazabilidad de las mercaderías que circulan por el país.

Y es precisamente ahí donde aparecen algunas preguntas incómodas.

Cuando se produce un caso de abigeato, el ganado robado debe ser trasladado por rutas y caminos. Cuando las autoridades incautan importantes cargamentos de drogas, contrabando de cigarrillos o mercadería ingresada ilegalmente al país, esos productos también debieron ser transportados por alguien. Evidentemente, sería injusto responsabilizar al conjunto de los transportistas por actividades delictivas que involucran a una minoría, pero también es cierto que el transporte constituye un eslabón indispensable en muchas de esas cadenas ilegales.

Por esa razón, los controles no deberían interpretarse como una persecución, sino como una herramienta para proteger a quienes trabajan de forma honesta y para dificultar la acción de quienes utilizan el sistema para actividades ilícitas.

A esto se suma otro dato preocupante. Distintos estudios privados han señalado que el transporte de carga figura entre los sectores con mayores niveles de evasión fiscal del país, con pérdidas estimadas en más de 120 millones de dólares anuales para el Estado. Si esas cifras se aproximan a la realidad, estamos frente a un problema que no solo afecta la recaudación pública, sino también la competencia leal entre quienes cumplen con sus obligaciones y quienes operan en la informalidad.

Otro de los argumentos planteados por algunos transportistas es que muchos trabajadores de avanzada edad tienen dificultades para utilizar herramientas digitales. Sin desconocer que toda transición tecnológica requiere capacitación y apoyo, resulta difícil aceptar que esa realidad pueda transformarse en un motivo para detener la modernización de un sector entero.

Uruguay, como el resto del mundo, avanza hacia la digitalización de trámites, servicios y procesos productivos. Millones de personas realizan operaciones bancarias, trámites estatales, consultas médicas y gestiones comerciales a través de plataformas digitales. El desafío debería ser acompañar a quienes tienen más dificultades para adaptarse, no mantener indefinidamente sistemas más vulnerables y menos eficientes.

Más sorprendente aún fue escuchar que algunos trabajadores del sector tendrían dificultades para leer o escribir. Si eso fuera efectivamente así, surge una pregunta inevitable: ¿cómo obtuvieron las habilitaciones y licencias profesionales requeridas para conducir vehículos de gran porte y transportar cargas por todo el país? ¿Cómo han interpretado durante años la documentación obligatoria, las guías de carga en papel, las normativas de tránsito y los distintos formularios administrativos exigidos por la actividad?

La pregunta parece razonable. Porque si una persona puede trabajar durante décadas utilizando documentación en formato papel, resulta difícil sostener que el problema sea exclusivamente el cambio al formato digital.

Quizás por eso cada vez son más quienes observan este conflicto con cierta desconfianza. La sensación que queda es que la verdadera discusión no gira en torno al precio del gasoil ni a las dificultades tecnológicas, sino a la resistencia frente a mecanismos que permiten saber con mayor precisión qué se transporta, quién lo transporta y hacia dónde va.

Nadie discute que los transportistas cumplen una función esencial para el funcionamiento del país. Sin ellos no habría producción, abastecimiento ni comercio posible. Pero precisamente por la importancia estratégica que tiene el sector, la sociedad tiene derecho a exigir transparencia, trazabilidad y controles adecuados.

Porque cuando una actividad se desarrolla dentro de la legalidad, los controles no deberían ser vistos como una amenaza. Deberían ser una garantía.

Y tal vez esa sea la verdadera discusión de fondo: si estamos ante una legítima protesta por los costos de producción o ante una resistencia a un sistema que busca poner más luz donde durante demasiado tiempo hubo demasiadas sombras.