¿Protesta por el gasoil o resistencia al control?

La reciente movilización de los transportistas de carga volvió a poner sobre la mesa una discusión que trasciende largamente el precio del gasoil. Si bien el combustible representa uno de los principales costos de la actividad y cualquier aumento impacta directamente en la rentabilidad del sector, resulta difícil no advertir ciertas contradicciones en los argumentos esgrimidos por los manifestantes.

La primera pregunta surge casi naturalmente. ¿Por qué hoy existe una movilización de estas características cuando el precio del gasoil llegó a ser más alto en 2023 y no se registraron protestas de similar magnitud? La diferencia parece estar en otro punto: la implementación de mayores controles sobre la actividad, particularmente a través de la guía electrónica de carga.

Desde el sector se argumenta que estas medidas generan dificultades operativas, aumentan la burocracia y complican el trabajo cotidiano. Sin embargo, para muchos ciudadanos la discusión parece ir por otro camino. Los controles existen para garantizar transparencia, combatir la informalidad y permitir una mejor trazabilidad de las mercaderías que circulan por el país.

Y es precisamente ahí donde aparecen algunas preguntas incómodas.

Cuando se produce un caso de abigeato, el ganado robado debe ser trasladado por rutas y caminos. Cuando las autoridades incautan importantes cargamentos de drogas, contrabando de cigarrillos o mercadería ingresada ilegalmente al país, esos productos también debieron ser transportados por alguien. Evidentemente, sería injusto responsabilizar al conjunto de los transportistas por actividades delictivas que involucran a una minoría, pero también es cierto que el transporte constituye un eslabón indispensable en muchas de esas cadenas ilegales.

Por esa razón, los controles no deberían interpretarse como una persecución, sino como una herramienta para proteger a quienes trabajan de forma honesta y para dificultar la acción de quienes utilizan el sistema para actividades ilícitas.

A esto se suma otro dato preocupante. Distintos estudios privados han señalado que el transporte de carga figura entre los sectores con mayores niveles de evasión fiscal del país, con pérdidas estimadas en más de 120 millones de dólares anuales para el Estado. Si esas cifras se aproximan a la realidad, estamos frente a un problema que no solo afecta la recaudación pública, sino también la competencia leal entre quienes cumplen con sus obligaciones y quienes operan en la informalidad.

Otro de los argumentos planteados por algunos transportistas es que muchos trabajadores de avanzada edad tienen dificultades para utilizar herramientas digitales. Sin desconocer que toda transición tecnológica requiere capacitación y apoyo, resulta difícil aceptar que esa realidad pueda transformarse en un motivo para detener la modernización de un sector entero.

Uruguay, como el resto del mundo, avanza hacia la digitalización de trámites, servicios y procesos productivos. Millones de personas realizan operaciones bancarias, trámites estatales, consultas médicas y gestiones comerciales a través de plataformas digitales. El desafío debería ser acompañar a quienes tienen más dificultades para adaptarse, no mantener indefinidamente sistemas más vulnerables y menos eficientes.

Más sorprendente aún fue escuchar que algunos trabajadores del sector tendrían dificultades para leer o escribir. Si eso fuera efectivamente así, surge una pregunta inevitable: ¿cómo obtuvieron las habilitaciones y licencias profesionales requeridas para conducir vehículos de gran porte y transportar cargas por todo el país? ¿Cómo han interpretado durante años la documentación obligatoria, las guías de carga en papel, las normativas de tránsito y los distintos formularios administrativos exigidos por la actividad?

La pregunta parece razonable. Porque si una persona puede trabajar durante décadas utilizando documentación en formato papel, resulta difícil sostener que el problema sea exclusivamente el cambio al formato digital.

Quizás por eso cada vez son más quienes observan este conflicto con cierta desconfianza. La sensación que queda es que la verdadera discusión no gira en torno al precio del gasoil ni a las dificultades tecnológicas, sino a la resistencia frente a mecanismos que permiten saber con mayor precisión qué se transporta, quién lo transporta y hacia dónde va.

Nadie discute que los transportistas cumplen una función esencial para el funcionamiento del país. Sin ellos no habría producción, abastecimiento ni comercio posible. Pero precisamente por la importancia estratégica que tiene el sector, la sociedad tiene derecho a exigir transparencia, trazabilidad y controles adecuados.

Porque cuando una actividad se desarrolla dentro de la legalidad, los controles no deberían ser vistos como una amenaza. Deberían ser una garantía.

Y tal vez esa sea la verdadera discusión de fondo: si estamos ante una legítima protesta por los costos de producción o ante una resistencia a un sistema que busca poner más luz donde durante demasiado tiempo hubo demasiadas sombras.