Un territorio sin red: el vacío institucional ante el consumo y la calle en el Municipio G

Mientras los números de personas en situación de calle y consumo problemático crecen en Montevideo, el Municipio G —uno de los más extensos de la ciudad— carece de servicios básicos de atención. Los dispositivos se concentraron en otras zonas y dejaron un territorio sin red, donde la respuesta estatal es la ausencia.

 En el Municipio G hablar de la calle y del consumo no es teoría. Es mirar lo que pasa todos los días en las esquinas, en las paradas, frente a los contenedores o en los baldíos. Son personas que duermen a la intemperie, que viven con hambre, con frío, con miedo, y que cargan además con la mirada de sospecha o indiferencia de una sociedad que se ha acostumbrado a su presencia. Pero detrás de esa realidad cotidiana hay algo más grave: la ausencia total de dispositivos públicos de atención y acompañamiento. En algún tiempo la Unidad Móvil de Atención (UMA) de la Junta Nacional de Drogas, fue el único servicio que recorría la zona, ya hace bastante tiempo que no opera en el territorio. 

Los centros comunitarios de apoyo como Aleros o los espacios de atención a personas en consumo del MIDES no existen en el Municipio G. Esto significa que, ante un caso de consumo problemático o una persona que busca ayuda, la única opción es derivar hacia otros barrios, como La Teja o El Cerro. Pero en la práctica, esa derivación casi nunca se concreta. La distancia, la falta de transporte y la ausencia de acompañamiento hacen que muchas personas desistan antes de llegar. Así, el Municipio G se ha convertido en un territorio sin red, donde la contención depende del esfuerzo aislado de vecinos, organizaciones o equipos de salud con recursos limitados. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en 2023 Montevideo registró 2.756 personas en situación de calle, un 24 % más que dos años atrás. De ese total, 1.375 duermen a la intemperie y 1.381 lo hacen en refugios o centros de contingencia. La mayoría son hombres con consumo problemático de drogas y muchos han pasado por el sistema penitenciario o por situaciones de violencia familiar. El problema no es nuevo, pero la falta de políticas territoriales lo agrava. En un municipio con más de 150 mil habitantes y amplias zonas rurales y suburbanas, no existe un solo servicio público de atención al consumo problemático. Mientras tanto, los discursos institucionales insisten en la “inclusión” y la “descentralización”, pero los recursos siguen concentrados en el eje central de la ciudad. La descentralización no puede ser solo administrativa; debe ser social y humana. No hay descentralización real si los servicios esenciales no están cerca de quienes más los necesitan. El Municipio G necesita equipos de calle, espacios de escucha y dispositivos de acompañamiento que estén presentes en el territorio, no a kilómetros de distancia. Porque cuando el Estado se retira, la calle se vuelve refugio, dormitorio y frontera. Y detrás de cada persona que duerme en la vereda, hay una ausencia que tiene nombre: la del Estado.