Adios a Rubén Rada

La música que somos

Hay músicas que se escuchan.

Y hay músicas que nos explican.

Montevideo tiene una.

Nació en el tambor, caminó por el rock, se vistió de funky,

se dejó llevar por el jazz, y volvió siempre a la calle, al barrio, al candombe.

Botija de mi país, ¿Quién va a cantar ahora esa mezcla tan nuestra de reír cuando duele, de bailar cuando extrañamos, de hacer fiesta con la nostalgia a cuestas?

¿Quién va a decir que las manzanas son más frescas por la mañana, que hay que chistarle al guarda, bizcochar y todavía tener tiempo para mirar todo lo bueno que hay aquí?

¿Quién va a cantarle un candombe para Gardel con la misma naturalidad con que un tamboril llama a la madrugada?

Porque hubo alguien que entendió que el Uruguay no es solamente alegría ni solamente melancolía.

Somos las dos cosas.

Somos el abrazo y la despedida.

La risa y el recuerdo.

La esquina llena y la soledad de la tarde.

Por eso sus canciones no fueron solamente canciones.

Fueron identidad.

Fueron Montevideo, mirándose en un espejo y reconociéndose.

Fueron el barrio subiendo al escenario sin dejar de ser barrio.

Y ahora queda el legado, una música que no pide permiso, que mezcla mundos, que cruza fronteras, que hace bailar al cuerpo y al mismo tiempo aprieta un poco el corazón.

Quizás por eso, cuando suena un tambor y Montevideo se queda escuchando, entendemos algo sencillo, si existe una música capaz de representar al Uruguay,  esa música también lleve el nombre de su gente, de sus calles, de sus tambores, de sus alegrías y de sus nostalgias.

Y entonces sabemos que algunas personas se van, pero lo que dejaron se queda para siempre.

 Queda en la música.

Queda en el barrio.

Queda en nosotros.

 Y queda Montevideo, con su corazón de tambor, cantando bajito

para no olvidar.

 

APOROFOBIA

Por : Willian Araujo

Hay debates que, más que revelar diferencias políticas, dejan al descubierto prejuicios profundamente arraigados. La reacción que generó el anuncio del Gobierno de destinar alrededor de 10.000 pesos por niño para fortalecer las políticas de primera infancia es uno de ellos.

No pasaron ni unas horas para que comenzaran las sospechas. "¿En qué van a gastar esa plata?", "¿Quién controla a esas familias?", "¿Y si la usan para otra cosa?". La pregunta parece razonable, hasta que se observa que solo aparece cuando el destinatario del dinero es pobre.

Porque cuando el Estado concede millones en exoneraciones fiscales, beneficios tributarios o regímenes promocionales para grandes empresas o sectores de altos ingresos, el interrogatorio desaparece. Nadie exige saber si esos recursos terminan financiando un viaje por Europa, un automóvil de lujo o la compra de otra propiedad. Nadie cuestiona si ese dinero se traduce realmente en empleo o desarrollo. En esos casos se habla de inversión, confianza e incentivos.

La diferencia nunca fue el dinero. La diferencia siempre fue el destinatario.

Existe una doble vara que resulta imposible ignorar. Al empresario se le presume responsabilidad; al pobre se le presume irresponsabilidad. Al primero se le entrega un beneficio esperando que genere riqueza; al segundo se le entrega una ayuda bajo la sospecha permanente de que la desperdiciará.

Eso tiene un nombre, aporofobia, el rechazo hacia quienes viven en la pobreza.

Y es una forma de discriminación tan silenciosa como peligrosa, porque transforma la pobreza en una falta moral. Se deja de discutir cómo garantizar derechos y se empieza a juzgar cómo viven quienes menos tienen. Como si haber nacido en un hogar vulnerable implicara perder el derecho a decidir sobre la propia vida.

Un niño no elige nacer pobre. Tampoco elige el barrio donde crece, la escuela a la que asiste o las oportunidades que tendrá. Sin embargo, hay quienes parecen convencidos de que cualquier política destinada a mejorar su realidad debe pasar primero por el filtro de la sospecha.

Lo más preocupante es que algunos parecen creer que las familias pobres solo tienen derecho a sobrevivir, nunca a disfrutar. Si destinan parte de sus ingresos a festejar el cumpleaños de un hijo, comprar una hamburguesa, compartir un refresco o darse un pequeño gusto, inmediatamente aparecen quienes los condenan por "malgastar" el dinero. Como si la alegría, el descanso o un momento de felicidad fueran privilegios reservados únicamente para quienes tienen una cuenta bancaria abultada.

Esa mirada deshumaniza. Reduce a las personas pobres a simples administradores de necesidades, negándoles aquello que nadie cuestiona en los demás: el derecho a vivir con dignidad.

Combatir la pobreza requiere recursos públicos, sí. Pero también exige derrotar los prejuicios que convierten cada política social en un juicio moral contra quienes la reciben.

La discusión de fondo no es si el Estado debe invertir en la infancia. La verdadera discusión es por qué algunos confían ciegamente cuando el dinero público beneficia a los poderosos, pero desconfían automáticamente cuando llega a quienes más lo necesitan.

Mientras esa respuesta siga dependiendo de la condición económica del beneficiario, no estaremos frente a un debate sobre eficiencia del gasto público. Estaremos frente a un problema mucho más profundo, una sociedad que sigue creyendo que la riqueza merece confianza y que la pobreza merece sospecha.

Y eso, además de injusto, es profundamente incompatible con una democracia que aspire a la igualdad de derechos y de oportunidades.

Cuando una pregunta incomoda

Por: Willian Araujo.

En una conferencia de prensa realizada días atrás, la Coalición Republicana anunció que no acompañaría la Rendición de Cuentas presentada por el gobierno. Hasta allí, un hecho propio de la dinámica democrática, el oficialismo propone, la oposición analiza y decide si acompaña o no.

Sin embargo, lo que ocurrió después merece una reflexión mucho más profunda.

Un periodista, con respeto y ejerciendo la función que la sociedad le encomienda, formuló una pregunta sencilla, si al no votar la Rendición de Cuentas no se le estaría dando la espalda a las necesidades de la gente.

No hubo una respuesta política. No hubo argumentos. No hubo un intercambio de ideas.

En cambio, llegaron los abucheos, las burlas y la ridiculización del periodista por parte de algunos legisladores presentes. Como si eso no alcanzara, la senadora Graciela Bianchi expresó que el medio para el que trabaja ese periodista, TV Ciudad, debería cerrarse.

Más allá de las diferencias que cualquiera pueda tener con un medio de comunicación, con su línea editorial o con una pregunta en particular, pedir el cierre de un medio nunca puede ser considerado un hecho menor. La democracia se fortalece con más voces, no con menos. Con más preguntas, no con silencios. Con más debate, no con descalificaciones.

La libertad de prensa no consiste únicamente en que los periodistas puedan publicar noticias sin censura. También implica que puedan preguntar sin ser hostigados, ridiculizados o convertidos en el centro del ataque cuando una pregunta resulta incómoda para el poder político.

La crítica a un periodista es legítima. El desacuerdo también. Lo que resulta preocupante es cuando desde ámbitos de representación política se naturaliza la idea de que un medio de comunicación debería desaparecer por el contenido de su trabajo o por las preguntas que realiza.

Uruguay ha construido, durante décadas, una sólida tradición democrática basada en el respeto institucional y en la convivencia entre quienes piensan distinto. Esa tradición no se rompe de un día para otro. Se erosiona lentamente cuando comenzamos a aceptar como normales hechos que no deberían serlo.

Muchas veces estos episodios quedan reducidos a una anécdota en el ciclo de noticias. Pero las democracias rara vez se deterioran por un único acontecimiento extraordinario. Lo hacen por la acumulación de pequeños gestos de intolerancia que terminan debilitando valores fundamentales.

Por eso es necesario que los medios de comunicación, las organizaciones vinculadas a la libertad de expresión, los actores políticos de todos los partidos y la ciudadanía se pronuncien con claridad. No para defender a un periodista en particular ni a un medio específico, sino para defender un principio que pertenece a toda la sociedad.

Porque hoy puede ser una pregunta incómoda. Mañana puede ser una investigación periodística. Después, una opinión. Y cuando el miedo reemplaza a la libertad para preguntar, la democracia pierde una de sus herramientas más valiosas para controlar al poder.

La libertad de prensa no se defiende solamente cuando está en peligro extremo. Se defiende todos los días, especialmente cuando las presiones parecen pequeñas o cuando algunos intentan presentarlas como una simple anécdota.

Porque una democracia saludable necesita gobiernos que gobiernen, oposiciones que controlen y periodistas que pregunten. Sin excepción.

¿Información o interpretación? El debate sobre el rol de la prensa ante las decisiones del Gobierno

En toda democracia, la prensa cumple una función fundamental, informar, controlar al poder y promover el debate público. Sin embargo, también surge una pregunta inevitable, ¿hasta qué punto algunos medios informan objetivamente y cuándo comienzan a construir relatos que terminan condicionando la percepción de la ciudadanía?

La reciente decisión del presidente Yamandú Orsi de disponer el apoyo logístico del Ministerio de Defensa a los operativos policiales en zonas afectadas por el narcotráfico volvió a poner este debate sobre la mesa.

Diversos medios de comunicación presentaron la medida como una “militarización” de la seguridad pública o como un “operativo militar” en territorio nacional. Sin embargo, según lo informado por el propio Gobierno, la responsabilidad operativa y el mando de los procedimientos continúan estando exclusivamente en manos de la Policía Nacional. La participación de las Fuerzas Armadas se limita al apoyo logístico mediante vehículos y conductores.

La diferencia no es menor. Mientras una descripción habla de colaboración logística entre organismos del Estado, la otra sugiere una intervención militar directa en tareas de seguridad interna. Son conceptos distintos que generan percepciones diferentes en la opinión pública.

El poder de las palabras

La forma en que se comunica una noticia puede influir significativamente en cómo la sociedad interpreta los hechos. Titulares, enfoques y comentarios editoriales tienen la capacidad de instalar determinados marcos de interpretación antes incluso de que el ciudadano conozca los detalles de una medida.

Cuando una noticia enfatiza aspectos que no reflejan con precisión el alcance de una decisión gubernamental, surge el riesgo de que la información se transforme en una herramienta de confrontación política más que en un servicio para la ciudadanía.

¿Control o cuestionamiento permanente?

La crítica a las decisiones del poder es una obligación del periodismo. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad entienden que existe una tendencia a cuestionar sistemáticamente determinadas acciones gubernamentales, incluso antes de evaluar sus resultados o comprender plenamente su alcance.

Para estos sectores, la cobertura de la medida de apoyo logístico en materia de seguridad constituye un ejemplo de cómo ciertos medios pueden priorizar la polémica por encima de la explicación detallada de los hechos.

La responsabilidad de informar

La discusión no debería centrarse en si la prensa debe criticar o no al Gobierno. La crítica es saludable y necesaria. El verdadero debate pasa por la responsabilidad de presentar los hechos con precisión, diferenciando claramente entre información, análisis y opinión.

En tiempos donde la desinformación y las noticias falsas representan una amenaza para la convivencia democrática, la rigurosidad periodística adquiere un valor aún mayor. La ciudadanía necesita herramientas para comprender la realidad, no interpretaciones que puedan confundirla.

Un desafío para todos

La relación entre prensa y poder siempre será tensa, y eso forma parte de una democracia saludable. Pero esa tensión debe construirse sobre la base de la verdad, la precisión y la honestidad intelectual.

Cuando los medios informan con equilibrio fortalecen la democracia. Cuando las interpretaciones sustituyen a los hechos, el riesgo es que el debate público se aleje de la realidad y se acerque a la confrontación permanente.

La ciudadanía merece conocer los hechos tal como son para luego formar su propia opinión.

 

¿Protesta por el gasoil o resistencia al control?

La reciente movilización de los transportistas de carga volvió a poner sobre la mesa una discusión que trasciende largamente el precio del gasoil. Si bien el combustible representa uno de los principales costos de la actividad y cualquier aumento impacta directamente en la rentabilidad del sector, resulta difícil no advertir ciertas contradicciones en los argumentos esgrimidos por los manifestantes.

La primera pregunta surge casi naturalmente. ¿Por qué hoy existe una movilización de estas características cuando el precio del gasoil llegó a ser más alto en 2023 y no se registraron protestas de similar magnitud? La diferencia parece estar en otro punto: la implementación de mayores controles sobre la actividad, particularmente a través de la guía electrónica de carga.

Desde el sector se argumenta que estas medidas generan dificultades operativas, aumentan la burocracia y complican el trabajo cotidiano. Sin embargo, para muchos ciudadanos la discusión parece ir por otro camino. Los controles existen para garantizar transparencia, combatir la informalidad y permitir una mejor trazabilidad de las mercaderías que circulan por el país.

Y es precisamente ahí donde aparecen algunas preguntas incómodas.

Cuando se produce un caso de abigeato, el ganado robado debe ser trasladado por rutas y caminos. Cuando las autoridades incautan importantes cargamentos de drogas, contrabando de cigarrillos o mercadería ingresada ilegalmente al país, esos productos también debieron ser transportados por alguien. Evidentemente, sería injusto responsabilizar al conjunto de los transportistas por actividades delictivas que involucran a una minoría, pero también es cierto que el transporte constituye un eslabón indispensable en muchas de esas cadenas ilegales.

Por esa razón, los controles no deberían interpretarse como una persecución, sino como una herramienta para proteger a quienes trabajan de forma honesta y para dificultar la acción de quienes utilizan el sistema para actividades ilícitas.

A esto se suma otro dato preocupante. Distintos estudios privados han señalado que el transporte de carga figura entre los sectores con mayores niveles de evasión fiscal del país, con pérdidas estimadas en más de 120 millones de dólares anuales para el Estado. Si esas cifras se aproximan a la realidad, estamos frente a un problema que no solo afecta la recaudación pública, sino también la competencia leal entre quienes cumplen con sus obligaciones y quienes operan en la informalidad.

Otro de los argumentos planteados por algunos transportistas es que muchos trabajadores de avanzada edad tienen dificultades para utilizar herramientas digitales. Sin desconocer que toda transición tecnológica requiere capacitación y apoyo, resulta difícil aceptar que esa realidad pueda transformarse en un motivo para detener la modernización de un sector entero.

Uruguay, como el resto del mundo, avanza hacia la digitalización de trámites, servicios y procesos productivos. Millones de personas realizan operaciones bancarias, trámites estatales, consultas médicas y gestiones comerciales a través de plataformas digitales. El desafío debería ser acompañar a quienes tienen más dificultades para adaptarse, no mantener indefinidamente sistemas más vulnerables y menos eficientes.

Más sorprendente aún fue escuchar que algunos trabajadores del sector tendrían dificultades para leer o escribir. Si eso fuera efectivamente así, surge una pregunta inevitable: ¿cómo obtuvieron las habilitaciones y licencias profesionales requeridas para conducir vehículos de gran porte y transportar cargas por todo el país? ¿Cómo han interpretado durante años la documentación obligatoria, las guías de carga en papel, las normativas de tránsito y los distintos formularios administrativos exigidos por la actividad?

La pregunta parece razonable. Porque si una persona puede trabajar durante décadas utilizando documentación en formato papel, resulta difícil sostener que el problema sea exclusivamente el cambio al formato digital.

Quizás por eso cada vez son más quienes observan este conflicto con cierta desconfianza. La sensación que queda es que la verdadera discusión no gira en torno al precio del gasoil ni a las dificultades tecnológicas, sino a la resistencia frente a mecanismos que permiten saber con mayor precisión qué se transporta, quién lo transporta y hacia dónde va.

Nadie discute que los transportistas cumplen una función esencial para el funcionamiento del país. Sin ellos no habría producción, abastecimiento ni comercio posible. Pero precisamente por la importancia estratégica que tiene el sector, la sociedad tiene derecho a exigir transparencia, trazabilidad y controles adecuados.

Porque cuando una actividad se desarrolla dentro de la legalidad, los controles no deberían ser vistos como una amenaza. Deberían ser una garantía.

Y tal vez esa sea la verdadera discusión de fondo: si estamos ante una legítima protesta por los costos de producción o ante una resistencia a un sistema que busca poner más luz donde durante demasiado tiempo hubo demasiadas sombras.

 

¿Vale todo en una protesta?

Cuando la protesta pierde humanidad

Por: Willian Araujo

Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales. En medio del paro de transportistas y los cortes de ruta realizados en distintos puntos del país, una escena ocurrida en Paysandú generó indignación y abrió un debate que va mucho más allá de las reivindicaciones del sector.

Un muñeco representando a una persona ahorcada colgaba de una grúa. Debajo, varias personas reían, tomaban fotografías y filmaban la escena. Para algunos pudo haber sido una forma de protesta. Para otros, una provocación. Pero para muchas familias uruguayas que han sufrido la pérdida de un ser querido por suicidio, la imagen resultó dolorosa y profundamente ofensiva.

La pregunta surge inevitablemente: ¿vale todo a la hora de protestar?

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. La posibilidad de manifestarse, reclamar y visibilizar problemas forma parte de los derechos conquistados por la ciudadanía. Sin embargo, la libertad también implica responsabilidad. Y cuando una acción deja de cuestionar al poder para burlarse del sufrimiento humano, es legítimo preguntarse si no se ha cruzado una línea.

En Uruguay, el suicidio constituye desde hace años uno de los problemas sociales y sanitarios más preocupantes. Detrás de cada cifra existe una historia. Hay familias devastadas, amigos que cargan con preguntas sin respuesta y comunidades enteras atravesadas por el dolor. Por eso, convertir una escena asociada al suicidio en un elemento de espectáculo o de humor no puede considerarse un hecho menor.

No se trata de censurar una protesta ni de negar los problemas que afectan a determinados sectores productivos. Se trata de reconocer que existen símbolos que remiten a tragedias humanas demasiado profundas como para ser utilizados con ligereza.

La protesta social cumple una función esencial en cualquier democracia. Permite visibilizar problemas, expresar desacuerdos y reclamar soluciones frente a situaciones que afectan a distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, la legitimidad de una reivindicación no exime de la responsabilidad sobre las formas elegidas para comunicarla.

Cuando una manifestación recurre a imágenes que evocan tragedias humanas profundas, el debate deja de centrarse únicamente en el reclamo y pasa a involucrar cuestiones éticas y sociales más amplias. Es allí donde surge la necesidad de reflexionar sobre los límites entre la libertad de expresión y el respeto por el dolor ajeno.

Porque una sociedad democrática no solo se fortalece a través del derecho a protestar, sino también mediante la capacidad de ejercer ese derecho sin perder de vista la dignidad humana.

Lo ocurrido en Paysandú resulta todavía más preocupante cuando se observa la realidad que atraviesa Uruguay en materia de salud mental.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, durante 2024 se registraron 764 suicidios en el país, una cifra que se mantiene entre las más altas de América Latina. La tasa alcanzó los 21,35 suicidios cada 100.000 habitantes. Detrás de estos números hay miles de personas afectadas por pérdidas irreparables, familias que continúan atravesando duelos complejos y comunidades que intentan encontrar respuestas frente a un fenómeno que sigue creciendo como problema social.

Los datos también muestran que los hombres representan aproximadamente tres cuartas partes de los fallecimientos por esta causa y que los jóvenes y los adultos mayores continúan siendo grupos especialmente vulnerables. No estamos hablando de estadísticas frías. Estamos hablando de vidas truncadas, de proyectos inconclusos y de historias marcadas por el dolor.

Por eso duele ver cómo una imagen asociada a una persona ahorcada puede transformarse en una escena de burla o entretenimiento. Porque mientras algunos se sacaban fotografías y celebraban la ocurrencia, cientos de familias uruguayas siguen intentando comprender una ausencia que cambió sus vidas para siempre.

La salud mental ha comenzado a ocupar un lugar más importante en la agenda pública. Instituciones, organizaciones sociales, colectivos comunitarios y organismos del Estado vienen realizando esfuerzos para derribar prejuicios, promover la prevención y generar espacios de acompañamiento. Sin embargo, estos avances corren el riesgo de debilitarse cuando determinadas conductas trivializan una problemática tan grave.

La discusión no debería centrarse únicamente en quién organizó la protesta o cuál era la reivindicación planteada. La verdadera pregunta es qué tipo de sociedad queremos construir. Una sociedad que naturaliza el sufrimiento ajeno y lo utiliza como herramienta de provocación política, o una sociedad capaz de poner límites éticos incluso en medio de los conflictos más duros.

Porque la salud mental no puede ser un tema del que nos acordemos únicamente cuando aparecen estadísticas alarmantes o cuando una tragedia ocupa los titulares. Debe convertirse en una responsabilidad colectiva. Hablar, escuchar, acompañar, fortalecer los vínculos comunitarios y combatir la indiferencia son desafíos que nos involucran a todos.

Uruguay necesita discutir muchas cosas, la producción, el trabajo, la economía, la distribución de la riqueza, las políticas públicas y el rumbo del país. Pero ninguna discusión puede hacernos olvidar algo esencial, detrás de cada cifra hay una vida humana.

Quizás haya llegado el momento de preguntarnos no solamente qué defendemos cuando protestamos, sino también cómo lo hacemos. Porque la democracia necesita voces críticas. Necesita movilización, debate y confrontación de ideas. Pero también necesita humanidad.

Cuando un país pierde 764 personas en un año por suicidio, la pregunta ya no es solamente quién tiene razón en una protesta. La pregunta es si todavía somos capaces de reconocer el valor de una vida humana.

Y si no somos capaces de hacerlo, entonces el problema es mucho más profundo que cualquier conflicto sectorial o político.

Porque ninguna causa, por legítima que sea, debería construirse sobre el dolor de quienes ya han sufrido demasiado.

 

Adiós al Indio

 la voz de una generación

Willian Araujo

Hoy se apagó una de esas voces que parecen eternas. Murió el Indio Solari, pero su música seguirá sonando en los barrios, en las rutas, en los encuentros de amigos y en la memoria de millones de personas que encontraron en sus canciones una forma de mirar el mundo.

Para muchos de nosotros, el Indio no fue solamente un músico. Fue la banda sonora de nuestra juventud. Sus letras nos acompañaron en los años de descubrimientos, de rebeldías, de búsquedas y de sueños. En una época donde no todo era fácil de decir, sus canciones hablaban por nosotros.

Recuerdo con claridad la primera y única vez que vi a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue en 1989, en el Palacio Peñarol de Montevideo. Un amigo me invitó a acompañarlo. Yo fui casi por compromiso, sin imaginar lo que iba a encontrar. Aquella noche quedé completamente deslumbrado.

El recital estuvo a punto de suspenderse. La banda tuvo dificultades para ingresar sus instrumentos a Uruguay y durante horas hubo incertidumbre. Pero finalmente el show se realizó. Y qué show. La energía que bajaba del escenario era difícil de explicar. Había algo distinto en esa banda, algo que trascendía la música. Había una conexión genuina con el público, una fuerza colectiva que convertía cada canción en una experiencia compartida.

Salí de aquel recital siendo otra persona. Desde entonces me convertí en un fan de Los Redondos y del Indio. Como tantos otros jóvenes de mi generación, encontré en sus canciones una invitación a pensar, a cuestionar y a no aceptar las cosas simplemente porque sí.

Las letras del Indio nunca fueron complacientes. Estaban llenas de imágenes, de metáforas y de preguntas. Nos hablaban de la libertad, de las contradicciones humanas, del poder, de la marginalidad y de los sueños que se niegan a morir. Cada uno encontraba en ellas un significado distinto, y quizás ahí radicaba parte de su magia.

Hoy, mientras muchos sentimos tristeza por su partida, también sentimos gratitud. Gratitud por una obra que dejó una huella profunda en la cultura rioplatense y en la vida de millones de personas.

Se fue el hombre, pero quedan las canciones. Quedan los recitales convertidos en leyenda. Quedan las amistades nacidas al calor de una guitarra y una letra del Indio. Queda esa rebeldía que despertó en tantos jóvenes y que todavía resiste el paso del tiempo.

Porque hay artistas que entretienen, y hay artistas que acompañan una vida entera. El Indio Solari pertenece a ese grupo cada vez más raro y más valioso.

Gracias por la música. Gracias por las palabras. Gracias por haber acompañado nuestra juventud.

Hasta siempre, Indio.